40 AÑOS DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR LA GUERRILLA DEL M-19

La toma del Palacio de Justicia de Bogotá, ocurrida en noviembre de 1985, fue uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Colombia. El hecho, protagonizado por la guerrilla del M-19 y seguido por una operación militar de retoma para restablecer el orden, dejó alrededor de 100 personas muertas entre ellas 11 magistrados y 11 civiles desaparecidos.

Este suceso continúa siendo objeto de debate histórico y judicial, marcado por acusaciones de uso de la fuerza por parte del Estado para restablecer el orden y de manipulación de la memoria histórica.

La acción del M-19 se justificó, según sus miembros, como una medida de presión ante el supuesto incumplimiento de acuerdos de paz por parte del gobierno del entonces presidente Belisario Betancur.

Sin embargo, versiones posteriores señalan que la toma también buscaba obstaculizar la aprobación de la ley de extradición, la cual afectaba directamente los intereses del narcotráfico de la época Pablo Escobar y del cartel de Medellín.

El 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia en pleno centro de Bogotá y tomaron como rehenes a magistrados, funcionarios judiciales y personal administrativo. El grupo exigía un juicio político al presidente Betancur.

En respuesta, el Ejército Nacional emprendió una operación militar que se prolongó durante 28 horas y culminó el 7 de noviembre. Las fuerzas del Estado retomaron el edificio en medio de intensos combates, los cuales dejaron un saldo devastador en vidas humanas y destruyeron gran parte del archivo judicial del país.

En la actualidad, algunos sectores intentan reinterpretar los hechos, presentando al M-19 como víctimas y responsabilizando únicamente al Ejército por la masacre, miembros de la fuerza pública hoy aún purgan penas por los hechos. Sin embargo, los registros audiovisuales y periodísticos de la época muestran la magnitud del secuestro y la gravedad de la acción guerrillera.

Tras la toma del Palacio, varios miembros de la Fuerza Pública fueron condenados, mientras que los del M-19 recibieron indultos tras el acuerdo de paz.

El exministro de Justicia Carlos Medellín recuerda las resoluciones de 1989 y 1992, en las que se acusó a la cúpula del M-19 incluido el actual presidente Gustavo Petro, por delitos de homicidio y terrorismo. Según Medellín, “no hubo verdad, justicia ni reparación; No hubo perdón total.”

Colombia continúa debatiendo las narrativas sobre este episodio, rechazando los intentos de reescribir la historia. La toma del Palacio de Justicia fue un atentado contra la democracia y un reflejo del conflicto interno del país en los años ochenta, cuando la violencia guerrillera, el narcotráfico y la fragilidad institucional se entrelazaron de forma trágica.